Nicaragua: más de 28.000 procesiones prohibidas y 309 religiosos expulsados por el régimen de Ortega

Martha Patricia Molina cuenta procesiones como otros cuentan rosarios. La abogada nicaragüense, exiliada por razones de seguridad, documentó la cifra que resume una década de asfixia: entre 2019 y la Cuaresma de 2026, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió más de 28.000 procesiones religiosas en el país. Solo para la Cuaresma de este año, la cuenta llega a 5.726 procesiones vetadas en 409 parroquias de las nueve jurisdicciones eclesiásticas.

Su informe, titulado «Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?», se publicó justo cuando el académico Azeem Ibrahim se preguntaba en La Prensa por qué el régimen le teme tanto a la Iglesia. La respuesta de Ibrahim, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, es directa: porque la Iglesia es uno de los últimos actores con legitimidad social que la dictadura no ha podido desarticular.

Las cifras que sostienen su análisis no dejan lugar a dudas: cierre de ONG cristianas católicas y evangélicas, 43 propiedades confiscadas a organizaciones religiosas, y más de 300 religiosos encarcelados o expulsados, según la documentación de Molina recogida por el académico.

309 religiosos expulsados: el récord que documenta la USCIRF

La Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) llevó la contabilidad un paso más allá: hasta febrero de 2026, un total de 309 figuras religiosas han sufrido expulsión, exilio forzado o prohibición de ingreso a Nicaragua. Obispos, sacerdotes, monjas, seminaristas y diáconos: la purga no distinguió jerarquías.

Entre los casos más duros está el de los 13 miembros de la organización evangélica Puerta de la Montaña, originaria de Estados Unidos. En marzo de 2024, los 11 miembros y dos abogados de la misión recibieron condenas de entre 12 y 15 años de prisión por imputaciones de lavado de dinero y crimen organizado. En septiembre de ese año fueron excarcelados y expulsados a Guatemala, junto a más de un centenar de presos políticos.

«Las comunidades protestantes y evangélicas también han sido objeto de ataques cada vez con mayor frecuencia», advierte Ibrahim. La persecución ya no es solo católica: es contra toda la fe que no se arrodilla ante el poder.

Vigilancia policial dentro de los templos: sacerdotes obligados a delatar

La presión no se limita a lo visible. Según la USCIRF, las autoridades obligaron a los sacerdotes a celebrar todas las actividades dentro de los templos, vigilaron a curas y feligreses, prohibieron las misiones pastorales fuera de las parroquias y suspendieron ordenaciones sacerdotales y diaconales en cuatro diócesis durante 2026.

Molina denunció un detalle que estremece: «Hay algunos curas que han sido obligados a dar los nombres, apellidos, número de cédula, direcciones y teléfonos de las personas que conforman los diferentes grupos parroquiales». El confesionario se convirtió en una ficha policial; la feligresía, en una lista de sospechosos.

En enero de 2026, el gobierno prohibió las misiones pastorales de la Diócesis de León fuera de los templos. Los sacerdotes deben solicitar autorización policial para trasladarse entre municipios, y los pastores evangélicos recibieron advertencias para no criticar al régimen durante sus sermones.

El rejimen convierte la fe en delito: traición, lavado y «noticias falsas»

El repertorio de acusaciones es conocido: traición a la patria, lavado de dinero, difusión de noticias falsas y atentado contra la integridad nacional. Con esos cargos se encarceló y expulsó al clero, se cerraron o disolvieron organizaciones, se confiscaron propiedades y se cancelaron personerías jurídicas. La persecución cristiana en Nicaragua ya acumula 309 religiosos expulsados en el registro de años anteriores, y la cifra sigue creciendo.

En septiembre de 2026, algunas procesiones de Nuestra Señora de La Merced, en Matagalpa, y de San Jerónimo, en Masaya, volvieron tímidamente a las calles, con recorridos limitados y bajo condiciones impuestas por las autoridades. Un año antes, la festividad de la Virgen del Rosario en Estelí no tuvo procesión. Cada paso que la Virgen da en la calle es ahora una concesión del poder, no un derecho de los fieles.

Por qué Ortega le teme a la Iglesia: la última legitimidad en pie

Ibrahim lo resume con precisión de estratega: las procesiones, por su naturaleza, ocupan el espacio público, generan cohesión social y escapan al monopolio simbólico del Estado. Para un régimen que ha reducido progresivamente todos los espacios de participación, permitir estas manifestaciones implicaría tolerar comunidades autónomas. La prohibición, entonces, no es solo religiosa: es política.

La misma lógica que persigue a los cristianos en Cuba y México opera en Managua con una sofisticación mayor: miles de agentes desplegados en torno a templos para impedir concentraciones, reportes detallados exigidos a la policía sobre cada celebración permitida, identificación de organizadores y hasta el conteo de fuegos artificiales autorizados.

Mientras el papa León XIV prepara su gira latinoamericana de noviembre, Nicaragua permanece como el agujero negro del continente: un país donde la Virgen solo sale a la calle si el poder lo permite. Y donde una abogada exiliada sigue contando procesiones prohibidas, una por una, para que el mundo no olvide.

La pregunta que deja Molina sobre la mesa es la misma que deberá responder el continente: ¿cuántas procesiones más tendrán que prohibirse antes de que la comunidad internacional actúe? La cuenta, por ahora, sigue subiendo.

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