Persecución cristiana en Nicaragua 2026: 309 religiosos expulsados y más de 1.650 iglesias cerradas

Celebró la misa un domingo junto a sus feligreses en la Diócesis de León. Días después, estaba en el exilio. Su historia no es una excepción en Nicaragua: es el patrón.

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una política de represión sistemática contra la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas. Los números, documentados por la investigadora nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, son abrumadores: al menos 309 religiosos expulsados o forzados al exilio, entre ellos cuatro obispos, unos 140 sacerdotes y 99 religiosas.

Molina es la autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, citado por el diario La Prensa. Su trabajo se ha convertido en la referencia más completa sobre lo que ocurre dentro del país. Y lo que describe no es un conflicto pasajero: es una persecución que comenzó hace ocho años y no se ha detenido.

"El asedio no ha desaparecido ni ha disminuido. La dictadura permite algunas procesiones visibles porque desea proyectar una paz inexistente." — Martha Patricia Molina, investigadora y autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida

Más de 1.650 iglesias cerradas

Las cifras de cierres son difíciles de asimilar. Según los datos recogidos por Molina, el régimen ha cerrado más de 1.650 iglesias y entidades religiosas desde que se intensificó la represión tras las protestas sociales de 2018. Fue entonces cuando la Iglesia asumió un rol visible en la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

El Ministerio del Interior ha cancelado la personería jurídica de más de 5.000 organizaciones desde 2018, entre ellas numerosas entidades religiosas. Cuando el gobierno cierra una organización, suele confiscar sus bienes y exiliar o encarcelar a sus líderes.

En enero de 2026, el régimen prohibió las misiones pastorales de la Diócesis de León fuera de los templos. Todas las actividades quedaron limitadas a los recintos parroquiales. Es un endurecimiento más en una política de control que busca restringir la presencia pública de la Iglesia.

407 parroquias bajo vigilancia

Hoy, 407 parroquias siguen sin poder realizar sus actividades libremente. Permanecen confinadas a los templos, con sacerdotes vigilados las 24 horas y cuentas bancarias confiscadas. La policía mantiene vigilancia constante sobre las comunidades religiosas e impide procesiones y celebraciones públicas.

Por tercer año consecutivo se prohibieron las procesiones, los actos del Domingo de Ramos y los ritos de la Semana Santa. Cerca de 14.000 policías rodearon los templos, según fuentes citadas por medios regionales. Los fieles quedaron prácticamente encerrados en las iglesias.

El dinero del seguro sacerdotal fue apropiado por el Estado, según denunció Molina. Unas 43 propiedades de la Iglesia confiscadas aún no han sido devueltas. Y más de 315 sacerdotes y monjas permanecen en el exilio forzado.

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El caso del obispo Álvarez

En Matagalpa el impacto es mayor desde que en 2023 fue perseguido y procesado el obispo Rolando Álvarez. Hoy se encuentra en el exilio. Su caso se convirtió en el símbolo internacional de la persecución religiosa en Nicaragua.

El sacerdote Frutos Valle continúa confinado por el régimen en un seminario, según documentó Molina ante La Prensa. Es uno de los rostros menos conocidos de una represión que rara vez concede titulares.

La Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional ha calificado las condiciones en Nicaragua como "abismales". El país figura como de especial preocupación. Nicaragua tiene 6,67 millones de habitantes, de los cuales el 84% se identifica como cristiano.

Una Iglesia en las catacumbas

La Iglesia en Nicaragua sostiene hoy la fe de sus fieles desde lo que los medios han llamado "las catacumbas de la prudencia". Las misas se celebran. Los sacramentos se administran. Pero todo ocurre bajo la mirada del Estado.

El ataque frontal contra la Iglesia católica, señalan los expertos, se debe a que es una de las pocas instituciones independientes que quedan en el país. Un bastión de esperanza para los creyentes nicaragüenses, en palabras de los informes internacionales.

Y sin embargo, la fe persiste. En septiembre, el régimen autorizó algunas procesiones en honor a la Virgen de La Merced en León y Matagalpa, y permitió actividades evangélicas por el aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Molina advierte que esos gestos no equivalen a libertad religiosa: son excepciones visibles en un paisaje de control.

La pregunta que queda abierta es hasta cuándo podrá sostenerse una Iglesia vigilada, empobrecida y diezmada. Los exiliados no dejan de denunciar. Los que permanecen no dejan de celebrar. Y el mundo, poco a poco, empieza a mirar.

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